Leyes ambientales: El origen de las regulaciones

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Generalmente, el Congreso escribe la legislación sobre un asunto de salud pública o ambiental antes de que la EPA escriba alguna regulación para tomar acción ante ese asunto. Los grupos de interés público, los ciudadanos, los negocios y otras agencias del gobierno contactan al Congreso para referirse a un asunto que les preocupa. El Congreso puede entonces decidir organizar una audiencia y preparar un proyecto de ley. Si el proyecto de ley es aprobado en el Congreso, éste pasa al Presidente para obtener su firma. Una vez el Presidente lo firma, el proyecto se convierte en ley. Para ver el texto de los proyectos de ley que el Congreso está considerando o ha considerado, o para conocer más sobre cómo son redactados y aprobados los proyectos de ley, visite el sitio web llamado Thomas, parte de la Biblioteca del Congreso.

A través de los años, el Congreso ha aprobado y luego el Presidente ha firmado numerosas leyes para proteger la salud humana y el ambiente. Estas leyes le dan a la EPA la mayor parte de su autoridad para escribir las normas y servir como el cimiento para lograr los objetivos en salud pública y ambiental de la nación. Sin embargo, la mayoría de las leyes no tienen detalles suficientes para ponerlas en práctica inmediatamente. La EPA es una agencia regulatoria ya que el Congreso nos autoriza para escribir las regulaciones que explican los detalles críticos técnicos, operacionales y legales necesarios para implementar las leyes.

Por ejemplo, la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA, por sus siglas en inglés) requiere que escribamos las normas para el manejo de desechos peligrosos. El mandato principal de RCRA requiere que EPA desarrolle unas normas para proteger la salud humana y el ambiente, pero no dice exactamente cuáles deben ser estas normas. Como con muchas otras leyes, el Congreso confía a EPA el desarrollo de los detalles de las regulaciones basándose en nuestra experiencia técnica y política.

Cada año, la EPA dicta aproximadamente 130 regulaciones que son relevantes y se aplican en todo el país. De estas regulaciones, sólo entre 5 y 10 son consideradas fundamentales, lo que significa que tienen el potencial para imponer costos acumulativos de más de $100 millones al año. Adicionalmente, la agencia publica aproximadamente 900 regulaciones propuestas, correcciones técnicas a regulaciones existentes, Planes Estatales de Implementación (SIP por sus siglas en inglés) y otra información relacionada con la aplicación e implementación de normas existentes.

 

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