Seguimiento de requisitos para el proceso de la regulación

 Nota: Todos los enlaces en el texto a continuación conectan a páginas en inglés.

Una serie de leyes y órdenes ejecutivas  (E.O., por sus siglas en inglés)nos dirigen a considerar temas que son de preocupación para el Presidente, Congreso y el público del país, cuando se están desarrollando las regulaciones. Por ejemplo, nos indican analizar:

• beneficios económicos y costos
• pequeños negocios y pequeñas comunidades
• justicia ambiental y seguridad infantil

Una descripción de las principales leyes y órdenes ejecutivas de EPA pueden ser encontradas en esta página. Además, el Preámbulo de muchas normas trata acerca de cómo una regla en particular cumple con las leyes y decretos ejecutivos vigentes.

Beneficios económicos y costos

Antes de escribir una regulación, evaluamos los beneficios y costos esperados. Consistente con la orden ejecutiva 12866    (10 pp, 36K, Sobre PDF), hacemos análisis económicos utilizando una serie de principios que hacen que el sistema de normas funcione bien para las personas. Estos análisis requieren que EPA evalúe los beneficios y costos de las alternativas regulatorias disponibles, incluyendo la alternativa de no redactar una norma. Las personas que escriben las normas en la EPA utilizan medidas cuantitativas (numéricas) y cualitativas (descriptivas) para calcular los beneficios y costos de imponer una regulación. Antes de escribir una regulación, evaluamos los beneficios y costos esperados.

¿Cómo se le da un valor a los beneficios de la naturaleza? Si los humedales se llenan porque no hay una regulación para protegerlos, ¿cuál es la perdida para la sociedad? ¿Cómo se puede calcular el costo en que incurre la sociedad por un poco de exposición a un químico que produce cáncer? A pesar de que estas son preguntas difíciles, los economistas han desarrollado métodos para hacer estimados prudentes sobre los beneficios y costos de las normas ambientales.

Los beneficios son estimados de diferentes maneras. Entre los beneficios para la salud humana figuran tasas más bajas de mortandad o menos incidencias de cáncer y otras enfermedades crónicas. Los beneficios ecológicos pueden incluir la restauración de hábitats degradados o incrementos en la población de ciertas especies. Factores de calidad de vida pueden incluir mejorar el sabor y olor del agua potable.

Estimamos el costo de una regulación revisando el costo que implica su cumplimiento. Una nueva regulación por lo general requiere que las empresas, comunidades, organizaciones sin fin de lucro o las agencias del gobierno adquieran nuevo equipo para controlar la contaminación o que adopten nuevas prácticas. Otros costos incluyen pérdidas de bienestar social, como precios más altos para el consumidor y de los productos, y costos sociales transitorios como cierre de empresas y desempleo. 

Las Guías para Preparar un Análisis Económicode EPA proporcionan un marco de trabajo sólido y consistente para medir los beneficios y costos de las opciones reglamentarias. Reconociendo la necesidad de enfocar nuestros esfuerzos analíticos donde son más útiles, la EPA aplica sus análisis más rigurosos a las normas que son ‘económicamente significativas’: aquellas que se espera beneficien y/o cuesten a la sociedad más de $100 millones al año. 

Aunque los estimados de beneficios y costos son normalmente esenciales para nuestro trabajo, ocasionalmente algunas leyes ordenan una acción que previene a EPA tomar los costos en cuenta. Por ejemplo, la Ley de Aire Limpio (CAA, por sus siglas en inglés) no permite a EPA considerar los costos económicos de implementación cuando desarrolla los “Estándares Nacionales de Calidad de Aire Ambiente”. Estos estándares definen los máximos niveles permitidos de ciertos contaminantes en nuestra atmósfera, y cuando el Congreso enmendó la Ley de Aire Limpio en 1970, ordenó a EPA actuar sin considerar los costos o si era tecnológicamente viable. 

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Empresas y comunidades pequeñas

Frecuentemente miramos muy de cerca la manera en que las normas afectan a las pequeñas empresas, jurisdicciones gubernamentales y organizaciones sin fin de lucro pequeñas (por ejemplo, las entidades pequeñas). Comparadas con las entidades grandes, estas entidades pequeñas con frecuencia no tienen los recursos necesarios para manejar por completo sus responsabilidades ambientales. Es por eso que, bajo la ‘Ley de Flexibilidad Regulatoria’, nombre enmendado por la ‘Ley de Igualdad de Aplicación de Regulaciones a Empresas Pequeñas’, el Congreso ordena a que la EPA tome en cuenta el impacto que tienen las normas propuestas sobre las entidades pequeñas. A menos que el Administrador de EPA certifique que una regulación no tendrá un impacto económico significativo en un número considerable de entidades pequeñas, nosotros debemos seguir los siguientes pasos:
Convocar un panel de evaluación para empresas pequeñas. El panel examina el impacto económico de la norma propuesta en las empresas pequeñas, contacta varias entidades pequeñas para recibir comentarios y prepara un informe que resume los comentarios y las recomendaciones del panel. Los comentarios forman parte del registro oficial y EPA incorpora las recomendaciones a su toma de decisión.

Preparar un análisis de flexibilidad regulatoria. Este análisis describe el impacto que tiene la regulación propuesta en las entidades pequeñas. También resume cualquier alternativa significativa que pueda cumplir con los objetivos de la norma, al mismo tiempo que minimiza los impactos económicos significativos en las entidades pequeñas.

Preparar una guía de cumplimiento para entidades pequeñas. Esta guía es publicada con el fin de ayudar a las entidades pequeñas a entender sus obligaciones y responsabilidades bajo la regla.

En conjunto, estas acciones aseguran que EPA está tomando en cuenta los impactos que sus acciones tienen en las entidades pequeñas y las formas de minimizar al máximo estos impactos. Los paneles realizados en asocio con la Oficina de Promoción de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa y la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, que es parte de la Oficina de Administración y Presupuesto de los Estados Unidos, aseguran la opinión significativa de las entidades pequeñas durante las primeras etapas del proceso de producción de una regulación. Hasta junio de 2007, hemos completado 30 paneles con más de 475 empresas pequeñas, y representantes de agencias del gobierno y agencias sin fin de lucro pequeñas. Se han realizado más de 260 recomendaciones provenientes de los paneles para tratar temas particulares de interés de las entidades pequeñas, y en cada caso el panel creó un informe con recomendaciones de cambios a las reglas que entonces reducirían los impactos en las entidades pequeñas.

Un ejemplo de la manera como esto afecta nuestras normas es la regla para los estándares nacionales de emisiones para la manufactura de cal. Hemos identificado la producción de cal como una fuente importante de emisiones de contaminantes del aire peligrosos (HAP, por sus siglas en inglés) incluyendo el Cloruro de Hidrógeno (HCI) y otros metales clasificados como materia particulada (PM por sus siglas en inglés). Se encontró que la materia causa efectos adversos en la salud como cáncer, daño a los riñones e irritación de los pulmones, piel y el sistema nervioso central.

Cuando se desarrollaba la regla para emisiones en la producción de cal, encontramos que las empresas pequeñas representaban aproximadamente el 42% de la industria de producción de cal. La reglamentación final contenía todas las recomendaciones principales del panel SBREFA, incluyendo evidencia de que no se requería una regulación posterior para emisiones de HCI, ahorrando aproximadamente $4.2 millones anuales a las empresas pequeñas afectadas.

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Justicia ambiental y seguridad de los niños

La protección de la salud pública significa proteger la salud de todos los americanos, incluyendo esos segmentos de la sociedad que requieren de más atención que otros. En los últimos años, la preocupación del público de que algunas poblaciones soportan una parte desigual de riesgos ambientales de salud conllevó a la Orden Ejecutiva 12898    (5 pp, 20K, Sobre PDF), la cual requiere que identifiquemos y tratemos los impactos en las poblaciones minoritarias y de bajos recursos cuando desarrollamos nuestras regulaciones. La Oficina de Justicia Ambiental (OEJ, por sus siglas en inglés) de EPA asiste a nuestros grupos de trabajo a considerar estas preocupaciones de justicia ambiental cuando se escriben las regulaciones. Esta oficina también lo puede ayudar a usted respondiendo a sus preguntas sobre justicia ambiental. 

Adicionalmente, EPA considera la manera como las regulaciones pueden impactar a los niños. Con relación a su tamaño, los niños respiran más aire, toman más agua y comen más que los adultos, por lo que su exposición a riesgos ambientales para la salud es mayor. En el pasado, nuestras regulaciones consideraban casi exclusivamente el riesgo de salud de los adultos, pero en la medida que surgió nueva información de que los niños son más vulnerables a los riesgos de salud, comenzamos a cambiar nuestro enfoque hacia análisis de riesgos. El Decreto Ejecutivo 13045    (6 pp, 69K, Sobre PDF), fortaleció nuestro enfoque en los niños. Actualmente analizamos si ciertas regulaciones pueden tener impactos desproporcionados en la salud de ellos. La Oficina de Salud Infantil puede proporcionar información adicional.

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